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Indignación del azulejo por el nuevo impuesto a los residuos

20.12.2017 09:49

El nuevo canon autonómico para los vertidos y la incineración aprobado por la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, impulsado por Podem y que ha contado con los votos favorables del PSPV y Compromís, no ha gustado nada a los empresarios del azulejo, muy indignados por el gravamen y la falta de información que ha rodeado a esta medida, incluida como enmienda de última hora a la ley de acompañamiento a los presupuestos de Generalitat para el 2018.

Mientras que fuentes del sector estiman que esta tasa «podría llegar a cuadruplicar» los costes que hoy deben pagar por eliminar sus residuos en vertederos industriales, desde la patronal Ascer se cuantificó ayer en 1,5 millones el sobrecoste anual que tendrá que hacer frente el sector una vez entre en vigor en el 2018.

Así, a partir del año que viene las empresas del sector cerámico, en algunos casos, pasarán de pagar nueve euros por tonelada de desecho a 42, lo que entienden que es «una barbaridad» y que les restará competitividad.

La medida supone todo un «castigo para el sector», según señalaron ayer los máximos responsables de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), puesto que este canon no ha contado con informes y consultas previas que pudieran facilitar una correcta evaluación por parte del tejido productivo, como sí sucedió en cambio, con la tasa turística o la implantación del sistema SDR, para la reducción de envases y remodelación de plantas.

INCINERACIÓN Y VALORIZACIÓN

La enmienda promovida por la formación morada promueve incluir en la nueva fiscalidad sobre la eliminación de residuos a las actividades que tienen que ver con la incineración, coincineración y valorización energética, es decir, en aquellas operaciones que permiten aprovechar los desechos industriales para fabricar y reutilizar combustibles.

Las cuotas previstas para este nuevo ejercicio van de los 30 euros por tonelada en el caso de residuos no peligrosos, que sean susceptibles de valorización, a los 25 euros en el caso de que estos desechos no lo sean. De otra parte, aquellos residuos procedentes de demoliciones y construcción se gravarán con una tasa de 3 euros por tonelada.

En cuanto a los desechos considerados peligrosos se gravarán con 35 euros si no pueden ser reutilizados y aprovechados para otros usos a los 42 en el caso de que sean susceptibles de valorización, según el texto aprobado en la comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda de Les Corts.

Para Ascer, la medida es un «contrasentido» porque penaliza la valorización de los residuos y, en general, a un sector que solo en este año generará casi mil empleos directos. Por otro lado, desde el sector reclaman el plan estratégico de la industria, prometido desde hace un año, y que aún está pendiente. Además, insta a que este plan sea concebido a largo plazo y no como una apuesta de legislatura, según señalaron los responsables de la patronal.