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El Periódico del Azulejo | Viernes, 27 de abril de 2018

CASTELLÓN

La 'ITV' de viviendas, gran asignatura pendiente

12.500 bloques de pisos de la provincia deben pasar una inspección técnica antes de junio y solo 647 han cumplido. Los arquitectos aseguran que las solicitudes les llegan a cuentagotas y que el propietario no lo ve como una prioridad

ELENA AGUILAR (el Periódico Mediterráneo)
03/01/2018

 

El tiempo apremia. En poco más de cinco meses, 12.500 inmuebles construidos hace más de 50 años de Castellón deben tener el Informe de Evaluación de Edificios, conocido como IEE. Igual que los vehículos pasan la ITV para poder circular, la ley obliga a que el parque inmobiliario de mayor antigüedad pase bajo la lupa de profesionales técnicos que verifiquen su estado de conservación y habitabilidad (en fachadas, saneamientos y cubiertas, entre otros), e identifiquen los posibles problemas para su solución. Pero en la provincia el problema es mayúsculo. Solo el 5,1% de los edificios más antiguos cuenta con este documento y el plazo para tenerlo expira a finales del próximo mes de junio.

Los datos que maneja la Conselleria de Vivienda revelan que en la provincia existen unos 70.500 edificios que superan los 50 años de antigüedad. De esos, 12.500 son edificios de viviendas plurifamiliares, mientras que 35.000 son viviendas unifamiliares y 23.000 edificios de otro uso. Los inmuebles con viviendas plurifamiliares son los que deben contar con el informe pero la realidad es que a fecha de hoy muy pocos lo tienen: apenas 647. Queda, por lo tanto, una enorme bolsa de 11.800 bloques de pisos con el requisito aún pendiente. ¿Conclusión? La envergadura del asunto escala posiciones y ya se coloca en la categoría de problema.

El departamento que dirige María José Salvador no niega que queda mucho por hacer. A pesar de que han pasado más de dos décadas de la primera norma estatal que exige este control en los inmuebles de más edad, el incumplimiento es general. Lo es en Castellón, pero en Valencia y Alicante la situación no es muy distinta. «Los aparejadores llevamos mucho tiempo transmitiendo a las diferentes administraciones que la conservación de edificios es una cuestión de derecho a la seguridad de las personas y los bienes. Sin embargo, hemos tenido la impresión de que ha faltado voluntad política para poner encima de la mesa medidas absolutamente necesarias, desde el punto de vista de apostar por la prevención de los problemas y no por la sutura de las heridas», apunta el vila-realense Alfredo Sanz, recientemente elegido presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, quien dice lamentar los años de retraso en esta materia.

EL CONSELL ULTIMA UN DECRETO

Hasta ahora, la Administración solo ha exigido estos informes como requisito para acceder a las ayudas a la rehabilitación de edificios u otras subvenciones públicas, y pocos municipios han incorporado la obligación en sus ordenanzas, pese a que la competencia de velar por el cumplimiento de la normativa es de los ayuntamientos. La Conselleria ultima la redacción de un decreto para poner en marcha un registro autonómico al que tendrán acceso todos los ayuntamientos para hacer constar los IEE a través de una aplicación.

Mientras la Administración empieza a moverse, los técnicos insisten en que las peticiones llegan a cuentagotas. «Hacemos muy pocos informes y las comunidades de propietarios no lo ven una prioridad», apunta Gustavo Lonza, del estudio de arquitectura Zona 4 de Benicàssim, que apuesta por implicar más a administradores de fincas. En Arquinou, en Castellón, señalan que «muy pocos inmuebles solicitan el IEE, solo aquellos que lo necesitan para pedir una subvención», sentencian.

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