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El azulejo crece un 6,4 por ciento en el presente ejercicio
La fabricación de azulejos en Castellón creció de enero a septiembre de este año hasta un 6,4%, según los últimos datos reconocidos del Índice de Producción Industrial (IPI) hechos públicos por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE). En todo caso, este indicador cerró el mes de septiembre en un 74,2%.
En el contexto más inmediato, la producción industrial del conjunto de la Comunitat Valenciana registró un incremento en este mismo periodo del 1%, por lo que el comportamiento de la cerámica castellonense es mejor en este sentido que el de buena parte de los sectores. Un dato positivo que constata enormemente con el IPI registrado en el conjunto de España durante los primeros nueve meses de este año, ya que ha sido negativo y ha marcado una acuciada bajada del -2,5%.
En este contexto queda más que patente la buena sintonía de la industria cerámica, uno de los principales motores económicos de la provincia de Castellón. Un crecimiento que viene a refrendar los buenos datos que el sector está cosechando en cuanto a volumen de negocio y exportaciones.
EXPORTACIONES // Según las previsiones de la patronal cerámica Ascer, esta tónica de crecimiento iniciada en 2012, con un 2,3%, alcanzando los 2.656 millones de euros, continuará con un ligero ascenso durante este ejercicio, como consecuencia del continuo tirón de las ventas al exterior. Prueba de ello es que durante el primer semestre las exportaciones, realizadas a 174 países del mundo, alcanzaron un valor de 1.161, 2 millones de euros, lo que supone un aumento del 10%.
Este reflote afronta ahora un nuevo impedimento. Se trata de la tasa del gas que el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, pretende imponer a la industria azulejera sin que, de momento, haya hecho el menor caso a las peticiones de Ascer de liberalizar al sector de la reforma energética que tramita su cartera. La tasa supondrá la desaparición de las bonificaciones para la cogeneración, que junto con las anteriores modificaciones conllevarían “un coste extra de 62 millones al año para las empresas”, según la patronal Ascer.