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El ministro Soria deja entrever que no eliminará la nueva tasa a las azulejeras

16.10.2012 09:27

El ministro de Industria, José Manuel Soria, dejó entrever anoche que el Gobierno de España no tiene intención de suprimir la tasa del gas que afectará duramente a la industria azulejera pese a las protestas de administraciones, partidos de la Comunitat y patronal.

En una entrevista al programa El Barómetro, que ayer se estrenó en Ràdio 9, Soria recordó que el Consejo de Ministros acordó fijar este impuesto después de constatar que el déficit tarifario energético había subido a lo largo del 2011 a 24.000 millones de euros. El ministro no fue claro al hablar de si la implantación del tasazo será definitivo, pero en sus palabras no dio pie a pensar en ningún momento que pueda haber marcha atrás en esta decisión. “El déficit energético está creciendo a razón de 5.000 a 6.000 millones de euros al año”, añadió al justificar la medida estatal, al tiempo que apuntó que “este es un problema que preocupa a la Administración central por las consecuencias económicas que puede comportar para el Estado”.

Durante la entrevista, José Manuel Soria reconoció que “entiendo” la preocupación que en estos momentos sufren los empresarios de la industria azulejera y del resto de la Comunitat, pero reiteró en que si se impone se debe a la necesidad de reducir el déficit energético.

Estas declaraciones suponen un jarro de agua fría para la economía provincial y un freno a las reivindicaciones que en las últimas semanas se están lanzando desde todas las instituciones públicas y desde todos los partidos políticos de la Comunitat. También está alzando su voz como nunca la propia industria. Hace solo una semana, las patronales del azulejo (Ascer) y de esmaltes (Anffecc) redoblaron su presión y pidieron auxilio al presidente de la Diputación, Javier Moliner, para que fuerce al grupo popular en el Congreso de los Diputados a presentar una enmienda que exima a la cerámica de esta tasa.

Desde Ascer no se han cansado de insistir en que la aplicación del impuesto supondría “un gravísimo daño a la industria y conllevará la pérdida de empleo y cierre de empresas”.