Catalunya aprueba un nuevo código para alcanzar la «accesibilidad universal» de espacios y edificios
Medida para acabar con las barreras arquitectónicas
- Barreras arquitectónicas en el colegio Frederic Mistral de L’Hospitalet. Un alumno con muletas sube con ayuda la escalera.
La Genralitat ha aprobado este martes el Código de Accesibilidad de Catalunya, que contempla una nueva normativa para lograr la »accesibilidad universal» de todas las personas en materia de edificación, transporte, urbanismo, productos y servicios, tanto públicos como privados y en espacios ya existentes y de nueva creación. Se trata del reglamento contemplado en la Ley 13/2014 de accesibilidad, un marco normativo «minucioso y ambicioso» respecto al que estaba vigente, que data del 1995. El código es una realidad tras siete años de retrasos y muchas negociaciones con los sectores económicos implicados.
El código contempla sanciones en caso de incumplimientos por parte de las empresas o administraciones públicas. El conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha indicado que para minimizar el impacto económico que suponga la adaptación a la nueva normativa, el Govern estudia reforzar líneas de crédito existentes y crear otras nuevas. Drets Socials y el Institut Català de Finances estudian «la activación de líneas de crédito específicas y ventajosas para facilitar que la ciudadanía y las empresas lleven a cabo estas intervenciones» de adaptación a la nueva normativa, ha subrayado Campuzano.
La ley de accesibilidad de 2014 comportó un avance importante en Catalunya pero, debido a la falta de un código que desarrollara esa norma, muchas personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o mental, personas mayores o con otros tipos de diversidad funcional, han vivido situaciones de desigualdad de oportunidades o para la participación social en el ejercicio de sus derechos en estos años.
El nuevo código es una puesta al día del actual pero «va más allá de las barreras arquitectónicas y tiene en cuenta también la accesibilidad comunicativa y cognitiva de los productos y servicios o de actividades culturales, deportivas y de ocio», ha explicado Campuzano.
La norma detalla condiciones en materia de accesibilidad aplicables a la edificación, transporte, urbanismo, los productos y servicios, tanto públicos como privados, y en espacios ya existentes o en los de nueva creación. Desarrolla, además, medidas más amplias y profundiza en aspectos hasta ahora escasamente regulados como la accesibilidad comunicativa y cognitiva. En las escuelas, por ejemplo, se prevé la instalación de bucles magnéticos para dar una ayuda auxiliar a los alumnos con prótesis auditivas, ya sean audífonos o implantes.
Así, el código plantea mejorar las condiciones de accesibilidad de las nuevas construcciones y, en el caso de las que ya existen, impulsar su transformación, que estará sujeta a unos plazos determinados en función de si son entes públicos o privados o de si las obras son sencillas o complejas. La norma contempla un procedimiento sancionador en caso de incumplir dicho código.
Concretamente, en cuanto al tejido empresarial y de servicios, el reglamento determina que las actuaciones de una cierta complejidad y coste más elevado «se podrán llevar a cabo cuando el establecimiento sea objeto de una importante intervención, como una reforma integral». En cambio, en el caso de la eliminación de barreras sencillas de resolver, el código establece un plazo de entre 1 y 3 años para las actuaciones más básicas, que puede variar según las dimensiones y características de los locales.
En el caso de la adecuación de espacios, equipamientos y servicios por parte de los entes locales, el código establece un plazo de entre 8 y 15 años desde su entrada en vigor para llevar a cabo estas actuaciones, según el tamaño del municipio.
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