Las empresas de Castellón se enfrentan a un «tsunami regulatorio» por las normas de sostenibilidad
La CEV provincial acoge en su sede una jornada para conocer unos retos que cada vez están más cerca
Los objetivos de desarrollo sostenible y la descarbonización están cada vez más presentes en el vocabulario empresarial, si bien esta carrera no ha hecho más que empezar. Las firmas de Castellón deberán afrontar en los próximos años una amplia batería de cambios para cumplir con los condicionantes que marca la Unión Europea, que deben adaptarse a la legislación estatal y autonómica.
Para saber en qué punto se encuentra la hoja de ruta sobre sostenibilidad, la patronal CEV Castellón presentó un estudio encargado por la Conselleria de Economía y elaborado por la compañía Ângela Impact Economy, en el que se traza una primera hoja de ruta. Raúl Mir, responsable de esta firma, advirtió de que en los próximos años habrá «ansiedad» ante todos los requerimientos de lo que calificó como un «tsunami regulatorio», para el que apenas habrá tiempo de adaptación.
Según detalló, «el cambio en las reglas de juego será muy intenso en un plazo de tres años, y casi todas las empresas, independientemente de su tamaño, se van a ver afectadas», por lo que el tejido empresarial «debe acelerar».
En documento se ha realizado en función de las aportaciones de importantes empresas de la Comunitat, entre las que se encuentra Porcelanosa, además de instituciones como la patronal cerámica, Ascer.
«Plazos realistas»
La vicepresidenta de CEV Castellón, Mónica Boix, mencionó que adaptarse a estos cambios «no es una opción, y hay que convertir los retos en oportunidades», pero reclamó que para avanzar en estos propósitos «se tiene que escuchar al tejido productivo, tener plazos realistas, reducir la burocracia y fomentar la colaboración público-privada».
El impacto en la economía de Castellón se centra en el elevado peso de la industria, un sector que tiene más condicionantes de sostenibilidad que los servicios. Desde la Cámara de Comercio, Victoria Rubio incidió en la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas de la provincia, que no disponen de la capacidad de contar con alguien dedicado de forma específica a cumplir con la normativa que está por llegar.
Simplificar las obligaciones
En la mesa redonda que cerró la jornada, Rubio expuso que una de las soluciones sería «establecer indicadores fáciles de medir», con el fin de evitar quebraderos de cabeza ante las administraciones y ante las grandes empresas, que también deberán exigir a sus proveedores el cumplimiento de reglas de sostenibilidad.
Por su parte, Rebeca Sánchez, del grupo Simetría, reconoce que para muchas empresas la principal inquietud será saber por dónde empezar, por lo que hay que «aunar mapas de riesgos», algo más importante en un grupo como el suyo, que cuenta con ocho líneas de negocio. Los participantes también destacaron la labor que ejercen instituciones como la Cámara para hacer un acompañamiento ante semejantes retos.
El precedente de los certificados de calidad
Aplicar los nuevos condicionantes de sostenibilidad en las empresas supondrá una inversión de tiempo y dinero que se hace cuesta arriba en empresas pequeñas. Así lo manifestaron algunos de los participantes en la presentación, quienes reclamaron reducir las «trabas» de las administraciones ante casos como leyes estatales y autonómicas que son muy similares, y que implican presentar documentación por duplicado.
Pese a este panorama, Victoria Rubio mencionó que las empresas ya están familiarizadas con la aportación de documentos, con precedentes como la implantación de certificados de calidad para ser más competitivos o los sistemas de gestión medioambiental. Para afrontar con garantías las novedades, instituciones como la propia Cámara prestan una ayuda crucial a las pymes.
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