BRUSELAS. La Comisión Europea ha dado este martes su visto bueno para que España extienda a más sectores y aumente la cuantía máxima de las ayudas que concede a algunas empresas de alto consumo energético para compensarles por el mayor coste de la electricidad derivado del sistema de comercio de derechos de emisiones europeo (ETS).
Se trata de la segunda enmienda a este esquema, aprobado inicialmente en 2022, por el que España reembolsa a las compañías elegibles parte de los costes indirectos de las emisiones incurridos entre 2021 y 2030.
La modificación prevé aumentar las ayudas máximas del 75 % actual al 80% de los costes indirectos incurridos por los sectores ya cubiertos por ese marco, así como ampliarlo a empresas de nuevos sectores considerados en riesgo de trasladarse fuera del país, en línea con las nuevas directrices sobre ayudas de Estado ligadas al ETS.
Esas orientaciones buscan «reducir el riesgo de que las empresas comunitarias trasladen su producción a países terceros con legislaciones ambientales más laxas o que la producción europea sea sustituida por importaciones con mayor huella de carbono debido al aumento sostenido del coste de las emisiones desde la introducción del ETS».
Para ello permite a los Estados compensar a ciertas industrias por los altos precios de la electricidad generados por el efecto del precio de las emisiones en los costes de la generación eléctrica, lo que se conoce como costes indirectos.
Desde diciembre del año 2025, este marco autoriza a ampliar las subvenciones más allá de los sectores originalmente incluidos (entre ellos la producción de hierro, cobre, papel, aluminio o refinados del petróleo) a otra veintena de áreas, como la fabricación de químicos orgánicos o ciertas actividades en los sectores de cerámica, vidrio o baterías.
Asimismo, permite elevar hasta el 80% el máximo de costes indirectos cubiertos por las compensaciones, como ha reflejado España en su enmienda.
La modificación no afecta, sin embargo, al montante total de ayudas presupuestado por España para su esquema, que se mantiene en 8.510 millones de euros, según explicó en un comunicado la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario, que ha evaluado la medida teniendo en cuenta las nuevas directrices, considera que el esquema es «necesario y apropiado para apoyar a las compañías de intenso uso energético a lidiar con los precios más altos de la electricidad y evitar su deslocalización», así como que las ayudas se limitan «al mínimo necesario y tendrán un impacto limitado sobre la competencia y el comercio en la UE».