TRIBUNA | TRANSICIÓN ENERGÉTICA

¿Está el sector cerámico penalizado por las políticas de la Unión Europea?

Graziano Verdi y Alberto Forchielli cuestionan el funcionamiento del régimen europeo de derechos de emisión y advierten de que la industria azulejera está preparada para acudir a los tribunales
Imagen de archivo de Confindustria Ceramica.
J. C.

CASTELLÓ. El impacto de las políticas climáticas comunitarias sobre la competitividad de la industria cerámica se ha convertido en uno de los principales frentes abiertos entre el sector y Bruselas. Las empresas europeas alertan desde hace meses del aumento de los costes derivados del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión, mientras continúan entrando en el mercado comunitario baldosas fabricadas en terceros países sometidos a exigencias ambientales menos estrictas.

Graziano Verdi y Alberto Forchielli abordan esta cuestión en el artículo Se il settore della ceramica è penalizzato dalle politiche Ue, publicado originalmente en italiano en el diario económico Il Sole 24 Ore el 7 de julio de 2026. Graziano Verdi es consejero delegado de Italcer Group, vicepresidente de Confindustria Ceramica y presidente de CET, la Federación Europea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas, organización que representa los intereses de la industria azulejera europea ante las instituciones comunitarias. Por su parte, Alberto Forchielli es economista y empresario, cofundador y senior advisor de la firma de inversión Mindful Capital Partners y miembro de su comité asesor. Cuenta con una larga trayectoria vinculada a la inversión, la internacionalización empresarial y el análisis de la economía global.

El artículo resulta relevante para el clúster cerámico de Castellón. Los autores mencionan expresamente los hornos de Sassuolo y Castellón para ilustrar el riesgo de que la descarbonización europea se traduzca en una pérdida de producción industrial y en un aumento de las importaciones procedentes de países con menores obligaciones ambientales.

La tribuna también incorpora una advertencia de especial trascendencia: la industria europea de baldosas está preparada para llevar el asunto ante los tribunales si la Comisión Europea no establece un valor de referencia específico para el sector que corrija la penalización que, según los autores, sufre actualmente la cerámica.

El artículo, traducido al castellano, es el siguiente:

¿Está el sector cerámico penalizado por las políticas de la UE?

Es una pregunta que los empresarios europeos de la industria cerámica llevan meses planteando a quien quiera escucharles y a la que, en Bruselas, pocos parecen tener ganas de responder: ¿Qué sentido tiene acelerar la descarbonización en Europa si después nadie impide que el CO₂ emitido fuera de la UE llegue igualmente aquí, incorporado en las baldosas importadas? Solo en 2025 entraron en funcionamiento en China más de cincuenta grandes centrales eléctricas de carbón, suficientes por sí solas para anular cualquier reducción de emisiones conseguida en Europa.

Ese es el cortocircuito lógico del Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) aplicado a un sector como el cerámico. Bruselas pretende abordar un problema global —las emisiones de gases de efecto invernadero— actuando únicamente sobre una pequeña parte del fenómeno: la producida por las empresas europeas.

Pero incluso aunque se apagaran todos los hornos de Sassuolo y de Castellón —el distrito cerámico español—, en el resto del mundo se seguirían produciendo baldosas que Europa tendría que importar porque seguirá necesitándolas.

El resultado no sería un planeta más limpio, sino una industria manufacturera europea más pobre y una mayor cuota de mercado para quienes no tienen ninguna obligación de descarbonizar.

El coste para las empresas y para los territorios sería enorme, alimentando la ilusión de seguir una senda de descarbonización que, sencillamente, no puede recorrerse a la velocidad exigida porque las tecnologías necesarias todavía no existen.

Las empresas cerámicas ya están atrapadas en este mecanismo, pero ahora llega un nuevo golpe: la drástica reducción de los benchmarks del ETS utilizados para calcular los derechos gratuitos de emisión asignados a las empresas. Esto se traducirá en un fuerte incremento de costes de aquí a 2030.

El problema no es solo el resultado, sino también el método. La Comisión Europea calcula estos benchmarks de forma opaca, utilizando datos que únicamente ella conoce. El sector ha solicitado acceso a esa información y todavía no ha recibido nada. Sin embargo, la propia Comisión sostiene que el 32% de las instalaciones europeas utilizadas para calcular el benchmark de combustible pertenecen al sector cerámico.

Partiendo de ese dato, el sector ha elaborado las mejores estimaciones posibles utilizando sus propios datos —porque es una industria que recopila rigurosamente toda esta información— y la conclusión es clara: ninguna fábrica de baldosas puede encontrarse dentro de ese supuesto «10 % más eficiente» sobre el que se construye el benchmark.

Y aquí llega el aspecto más sorprendente. El pasado 15 de junio, durante la reunión del Climate Change Expert Group, la propia Comisión reconoció abiertamente que, para el sector de las baldosas cerámicas, el benchmark actual resulta excesivamente penalizador. Tanto es así que —según sus propios cálculos, no los del sector— el valor correspondiente a este subsector no debería reducirse, como prevé la revisión actualmente en curso, sino incluso aumentar.

La Comisión ha reconocido que la cerámica es uno de los sectores más perjudicados por el benchmark horizontal y que sería necesario disponer de un benchmark sectorial específico. Parecía una victoria. Debería haberlo sido. Sin embargo, ahora empiezan a filtrarse informaciones según las cuales Bruselas preferiría mirar hacia otro lado.

Para evitar críticas y por simple inercia burocrática, la propuesta que previsiblemente se presentará consistirá en revisar únicamente un benchmark de respaldo —fallback benchmark— común para todos los sectores, concediendo un pequeño aumento uniforme de derechos gratuitos para todos. Un parche mal cosido que deja exactamente donde estaba —o incluso peor— a un sector cerámico que la propia Comisión ha certificado como víctima de una penalización injusta.

Por ello surge una nueva pregunta: ¿Puede una institución como la Comisión Europea ignorar conscientemente una injusticia que ella misma acaba de documentar por escrito en un documento oficial?

¿Puede una Europa que debería proteger a su industria sacrificar a uno de sus sectores manufactureros en nombre de un algoritmo que nadie, fuera de un despacho en Bruselas, puede comprobar? Las empresas cerámicas no quieren creer que eso vaya a ocurrir y la Federación Europea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas no tiene intención de rendirse.

Si al final del proceso no se aprueba un benchmark sectorial que refleje aquello que la propia Comisión ha constatado mediante sus propios análisis, el sector está preparado para llevar el asunto ante los tribunales.

Porque una institución no puede primero documentar una penalización injustificada y, después, sencillamente, ignorarla. La transición verde europea también se jugará en episodios como este: en la credibilidad de un sistema que pretende ser científico e imparcial, pero que, cuando sus propios resultados contradicen la decisión política, decide ignorarlos.

Artículo escrito en italiano por Graziano Verdi y Alberto Forchielli y publicado originalmente en Il Sole 24 Ore.