La Confederación Nacional de la Construcción defiende los concursos frente a las subastas en la adjudicación de obras públicas en España

MADRID. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) defiende los concursos frente a las subastas en los procesos de adjudicación de obras públicas en España para «garantizar la calidad, la transparencia y la libre concurrencia de las empresas en las licitaciones; ante la posible reforma de los pliegos de contratación de obras y servicios públicos para reducir el peso de los criterios subjetivos frente a los objetivos mediante fórmulas con el objetivo de fomentar procedimientos automáticos para ahuyentar prácticas ilícitas en la adjudicación de proyectos».

CNC asegura que «el actual sistema es el óptimo, ya que el concurso es una herramienta adecuada en la lucha contra las irregularidades al valorar globalmente las ofertas, pero que se debe aplicar rigurosamente en todas sus fases». En su opinión, «la necesidad de justificar técnicamente cada aspecto de la oferta y la existencia de una memoria que fundamente la puntuación, otorgan al proceso una transparencia y un seguimiento que la subasta no puede ofrecer, en la que sabiendo qué precio ofertar se obtiene la adjudicación o se pueden concertar más fácilmente las ofertas. De esta manera, la patronal afirma que el concurso dificulta las prácticas colusorias y deja un rastro documental claro y fiscalizable, limitando la arbitrariedad y reforzando la rendición de cuentas».

Más allá de ayudar frente a la arbitrariedad más que las subastas, CNC sostiene que «los concursos promueven la excelencia y la competencia real entre las empresas, que no sólo deben competir en precio, sino en ingenio, calidad y soluciones avanzadas. Esto redunda en una mayor seguridad para los contratos y en una mayor calidad para los usuarios».

En este contexto, CNC también advierte de que «la adjudicación basada únicamente en el precio más bajo, propia del modelo de subasta, puede amenazar la eficiencia y la optimización de las infraestructuras, al fomentar prácticas como las bajas temerarias y la utilización de ofertas económicamente inviables». En este punto, la patronal «alerta de que lo que parecería un ahorro inicial podría convertirse en un gasto mayor y en un servicio más deficiente».

Partiendo de que el concurso «debe ser la forma habitual de adjudicación, pero buscando una mayor objetivación de los criterios de adjudicación e incluso su automatización de cara a evitar complicaciones o irregularidades», CNC expone «otros criterios como ejemplos prácticos reales para evitar dar un protagonismo excesivo al precio, como descuentos sobre tarifas oficiales; ajuste en la revisión de precios y en los plazos; mejora en la ejecución o entrega, en la puesta en marcha de equipos o instalaciones, o el de respuesta a incidencias; optimizar las garantías, en plazo o en nivel de cobertura; en las condiciones técnicas y de servicio, el consumo energético o eficiencia certificada, el nivel de ruido o vibración, la durabilidad, la disponibilidad de repuestos en stoc o el porcentaje de materiales reutilizables; reducción de los costes de explotación o por uso y en los intervalos de mantenimiento y gastos de conservación...Todo ello dependiendo de la tipología del contrato».

Finalmente, existe otra ventaja en la existencia de una pluralidad de criterios objetivos y es que permite el uso de los «umbrales de saciedad» (mecanismo que limita la puntuación adicional que se obtiene por ofrecer un precio excesivamente bajo). Con estos umbrales «se evitan ofertas de precio excesivamente reducidas que comprometen la calidad del bien o servicio, permiten una mejor relación calidad-precio, y evitan las bajas temerarias».

En este marco, CNC defiende el concurso como una alternativa «inteligente y responsable», que permite a la Administración valorar de forma conjunta criterios técnicos, medioambientales, sociales e innovadores, además del precio. Así, se asegura que los contratos recaigan en la oferta más beneficiosa y en empresas con mayor solvencia.

La patronal viene tiempo denunciando «la mala salud que atraviesa la contratación pública. Frente a ella, defender el concurso es sólo una parte de la solución. Y es que, a su juicio, resulta inútil abogar en España por un sistema de adjudicación más justo si, en paralelo, se permite que una parte cada vez mayor de la inversión pública se escape de las reglas de la libre competencia por culpa, fundamentalmente, del creciente abuso de los encargos a medios propios por parte de las Administraciones Públicas».

En paralelo, CNC presentó recientemente una batería de propuestas para mejorar la eficiencia de las licitaciones públicas en España, «aumentar la sana competitividad empresarial, simplificar la burocracia, racionalizar el gasto público y facilitar el acceso a las pymes».

Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, «España no puede permitirse el lujo de malgastar la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos en modelos de contratación ineficientes o en atajos que eluden la competencia. Es el momento de apostar decididamente por la calidad, la transparencia y la libre concurrencia para sanear y reformar un sistema del que depende nuestro futuro».