La letra pequeña del nuevo PERTE: una lluvia de 1.300 millones destinada a financiar a constructoras

El nuevo PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica) de la vivienda industrializada, anunciado por el presidente Pedro Sánchez hace dos semanas y que se aprueba este martes el Consejo de Ministros, centrará sus esfuerzos en regar al sector promotor de financiación blanda para impulsar la construcción de casas en fábricas. En paralelo, el Ejecutivo reserva una partida de los 1.300 millones de euros que movilizará este programa para invertir en el capital de empresas que desarrollen soluciones que permitan prefabricar alguno de los elementos de la promoción residencial.

Según explican fuentes del Ministerio de Vivienda, cartera que lidera junto a Economía e Industria este PERTE, la mayor parte del presupuesto de este proyecto estratégico, 1.000 millones de euros, serán préstamos blandos (línea confirming) concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a promotoras y constructoras, con el objetivo de poner solución al principal problema que acusa la construcción industrializada, la financiación. Una compañía que proyecta un edificio financia la obra con un préstamo promotor otorgado por un banco, que va trasfiriendo capital a medida que se logran avances, mientras el suelo y los avances funcionan como garantía o colateral de este pasivo. Sin embargo, en la construcción industrializada, gran parte del valor se genera en fábrica antes de que los módulos estén instalados en la parcela, lo que impide que estos avances sean reconocidos como garantía hipotecaria, haciendo imposible la concesión de esta deuda.

Sin embargo, aunque Vivienda quiere que la industrialización llegue a toda clase de inmuebles, el objetivo es que los mil millones del ICO solo sirvan para financiar «viviendas asequibles», un término que a menudo utilizan desde la cartera liderada por Isabel Rodríguez, pero que carece de una definición concreta. Se entiende como asequible cualquier casa cuyo precio sea inferior al del mercado, pero no necesariamente tiene que ser una vivienda de protección oficial (VPO). Para garantizar esto, Vivienda espera negociar en las próximas semanas los términos de las promociones que serán financiables o no por el banco público, criterio que será plasmado en el convenio que firmarán todas las partes.

Por otro lado, el PERTE movilizará otros 300 millones de euros también a través del ICO, pero estos no serán en formato de deuda, sino de capital, que se destinará a entrar en el accionariado de «empresas productoras industriales». Según explican las mismas fuentes, «con más músculo financiero», las compañías podrán «afrontar» más proyectos y, por tanto, dar mayor escala a la industrialización. Por ejemplo, con el capital del ICO, una sociedad podrá ampliar sus instalaciones o comprar maquinaria. El dinero en ambos casos saldrán de las líneas ‘Verde’ y ’MRR Empresas y Emprendedores’ del ICO, aunque se está analizando también la posibilidad de reasignar otras líneas de financiación que tiene el Ministerio de Industria.

El objetivo del PERTE, tal y como señaló Pedro Sánchez, era elevar la capacidad de producción del sector de la vivienda industrializada, alcanzando en los próximos años la puesta en marcha de 15.000 viviendas al año y más de 20.000 al término del programa, que será en 2035, además de un impacto económico de 3.120 millones de euros en la economía, 2,4 veces lo movilizado por el Ejecutivo. Los legisladores contabilizan todos los inmuebles en los que al menos la mitad del proceso constructivo haya sido industrializado.

La intención del Ejecutivo es equiparar a España con otros países de la Unión Europea, donde aproximadamente este tipo de viviendas suponen entre el 20% y el 30% del mercado, incluso el 40% en otros como Suecia, lejos del 5% de nuestro país. Por este motivo, la entidad estatal de suelo Sepes, llamada a ser la nueva empresa pública de vivienda, incluirá entre los criterios de sus adjudicaciones que la construcción sea bajo está fórmula, que pesará el 10% de la puntuación total.

Los otros retos que pretende solventar este PERTE es el envejecimiento y falta de mano de obra en el sector de la construcción en los últimos años, fruto del abandono del sector de una parte relevante de los trabajadores tras el estallido de la burbuja de 2007. También, el Gobierno persigue acercar esta actividad productiva a las mujeres, que apenas suponen una décima parte de toda la fuerza laboral, y los jóvenes.

El Gobierno ha creado dos organismos para coordinar el PERTE. El primero, una comisión interministerial, que será convocada ya la próxima semana y en la que participarán, además de las carteras mencionadas, Hacienda, Educación, Ciencia o la Oficina Económica de Moncloa de Manuel de la Rocha.

Por otro lado, una mesa público-privada a la que estarán convocados representantes del sector promotor y constructor (principalmente patronales como APCE o la CNC), las organizaciones sindicales, las comunidades autónomas y las entidades locales, con el fin de «implementar las diferentes medidas», explican fuentes del Ministerio de Vivienda.