Nueva fase en la crisis de una empresa cerámica de Castellón: hay 75 empleados en vilo

CASTELLÓ. Los órganos judiciales de Castellón han tenido que tramitar diferentes crisis en industrias relacionadas con la cerámica en los últimos años. En algunos casos, la crisis desemboca en un cambio de propiedad de la empresa, como ocurrió recientemente con la firma Mayolica, de l’Alcora. En cambio, en otros supone el paso previo a la desaparición, como en Azteca.

En el segundo supuesto se encuentra una pequeña compañía de la capital de la Plana, Codicer, que el pasado mes de diciembre cerró sus puertas y despidió a toda su plantilla, compuesta por unas 75 personas. Transcurrido más de medio año, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Castellón ha publicado el procedimiento concursal. Un paso que era muy esperado por el personal, ya que de este trámite depende que puedan percibir las indemnizaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

Según consta en el edicto de declaración del concurso, con fecha de 22 de junio, ya se ha nombrado un administrador concursal, si bien la firma «conserva las facultades de administración y de disposición sobre los bienes y derechos que integran la masa activa, pero sometidas estas a la intervención» del abogado elegido para este procedimiento. En estos momentos está abierto el plazo de un mes para que los acreedores puedan dar a conocer los pagos pendientes.

El administrador designado, Francisco Cantavella, expone que ya se está trabajando en la elaboración del informe que debe dar cuenta de la situación contable de la empresa. «El objetivo es poder presentar este documento antes de agosto», declara a Mediterráneo. Una de las prioridades es la emisión del certificado correspondiente para que el Fogasa inicie la maquinaria y los extrabajadores puedan cobrar.

Indemnizaciones pendientes

Uno de los antiguos trabajadores de Codicer, Félix Martín, que era delegado sindical de CCOO cuando se tramitó el ERE de extinción de los contratos, señala que esta indemnización del fondo salarial se espera con atención por una parte de la plantilla. Antes del cierre de la actividad se activaron diferentes paros temporales (ERTE), y esto supone que se ha consumido una gran parte de las prestaciones por desempleo. «Hay gente a la que se le acaba en el mes de enero», detalla, por lo que se quedarían sin ingresos de no encontrar un nuevo empleo antes de esa fecha.

En cuanto al pago de los despidos por parte del Fogasa, se teme que todavía lleguen a demorarse unos meses. «Calculamos que puede ser de ocho meses o incluso más», afirma Martín. Un problema añadido radica en que muchos de los antiguos empleados tienen más de 55 años, con la dificultad de encontrar un nuevo puesto.

Los seis meses de espera se atribuyen al colapso que sufren los órganos judiciales de Castellón dedicados a estos asuntos. La propia consellera de Justicia, Nuria Martínez, reclamó en febrero la creación de una segunda plaza de lo Mercantil, con la intención de agilizar los expedientes que hay en marcha, y de los que dependen los procesos concursales y los trámites con el Fogasa.