La cogeneración española reclama de nuevo la publicación inmediata de la convocatoria de la primera de las subastas para el sector
El sector reclama certeza regulatoria y un calendario claro para movilizar 2.200 millones de euros en nuevas instalaciones y modernización de plantas.
- El Congreso Anual de Cogeneración.
MADRID. La cogeneración española ha pedido al Gobierno la publicación inmediata de la convocatoria de la primera de las dos subastas, cuya celebración está prevista para este año y 2027, respectivamente, para dar certidumbre al sector. «Nuestra petición inmediata es publicar la ya tramitada convocatoria y confirmar definitivamente el calendario de la primera subasta», afirmó en el marco del XXII Congreso Anual de Cogeneración el presidente de Acogen, José Ignacio Castillo, quien aseguró que «la confianza inversora necesita certezas para decidir».
Así, subrayó que el sector de la cogeneración está con la vista puesta en las próximas subastas de 1.200 megavatios (MW) aprobadas por el Gobierno este verano, y pidió la publicación definitiva de la ya tramitada convocatoria y «confirmar definitivamente el calendario de la primera subasta -prevista para el 10 de diciembre-», ya que Castillo aseguró que la «confianza inversora necesita certezas para decidir».
En concreto, el marco aprobado contempla dos convocatorias de 600 MW cada una, para 2026 y 2027, que movilizarán una inversión estimada de unos 2.200 millones de euros para implementación de nuevas cogeneraciones y modernización de las existentes: plantas de gas natural preparadas para utilizar hidrógeno y plantas de biomasa, informó la asociación.
En cuanto al modelo económico planteado en el nuevo marco, el sector destacó que se trata de un cambio estructural, debido a la reducción de la retribución a la operación en más de un 30% respecto a las instalaciones actuales, en buena medida por el nuevo tratamiento del coste del CO2 asociado al calor.
Por su parte, el presidente de Cogen España, Julio Artiñano, señaló que el sector necesita «reglas que estén completamente definidas; que las empresas dispongan de certidumbre jurídica y económica para tomar decisiones de inversión que comprometerán cientos de millones de euros durante las próximas décadas; calendarios claros; seguridad regulatoria; y plazos suficientes ajustados a la realidad de cada industria, porque cada fábrica tiene necesidades distintas, tecnologías distintas y ritmos de inversión distintos».
A pesar de ello, lanzó un mensaje de confianza en la capacidad tecnológica del sector y en la colaboración entre empresas, asociaciones e instituciones.
Igualmente, el sector pidió habilitar una Retribución por Extensión de Vida Útil (REVU) que permita seguir operando a las plantas que hayan agotado o agoten su vida útil retributiva hasta 2031, mientras completan sus inversiones, siempre que mantengan los requisitos de eficiencia energética.
Castillo también recordó que el balance del sector en los últimos años no es bueno, después de que, entre 2019 y 2025, la producción con cogeneración cayó a la mitad y su aportación pasó del 12% al 6% de la electricidad nacional.
A este respecto, añadió que esta tendencia ha proseguido en lo que va de 2026, ya que este dato ha descendido por debajo del 5%, mientras en la Unión Europea es el 12%.
»El sistema eléctrico ha dejado de aprovechar una parte esencial de su generación firme y síncrona, conectada a las redes de distribución por todo el territorio, que contribuía a una operación más estable, con menores costes y mayor seguridad de suministro. Pero estas instalaciones siguen ahí. Con las condiciones adecuadas, pueden volver a aportar valor a las industrias y capacidad al sistema eléctrico cuando este la necesite», dijo.
El sector indicó también que, entre 2020 y 2025, unas 300 plantas de cogeneración, con una potencia de 2.300 MW, pararon al agotar su vida retributiva mientras esperaban un marco para su renovación -publicado finalmente en el BOE el pasado mes de julio- y ante la ausencia de medidas que permitieran mantener su operación.
Según estimaciones del sector, estas paradas han supuesto una pérdida de competitividad de 1.800 millones de euros anuales de facturación energética industrial, además de una importante pérdida de eficiencia energética; ya que, en términos de energía primaria, el impacto equivale a un aumento del 4% del consumo de gas de todo el país.
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