El ‘impuesto’ invisible que encarece la vivienda en España
Un informe alerta sobre el impacto económico de las redes organizadas que extorsionan al 43% de las obras
- Imagen de archivo de una vivienda en construcción en Esplugues de Llobregat, el pasado mes de agosto.
MADRID. La construcción en España se enfrenta a un enemigo silencioso que ya no solo roba material, sino que condiciona la viabilidad financiera de los proyectos. El sector ha pasado de sufrir hurtos esporádicos a enfrentarse a una profesionalización delictiva que afecta directamente al bolsillo del ciudadano.
Según los datos del reciente Crime Report 2025, elaborado por BauWatch (proveedor europeo de soluciones de videovigilancia), la situación es alarmante: el 43% de las constructoras españolas admite haber recibido “ofertas de protección”, una forma moderna de extorsión. De ellas, un 16% confiesa haber cedido a estos pagos para evitar sabotajes.
Este fenómeno funciona como un “impuesto invisible”, según los expertos. No se trata solo del valor del cable de cobre o la maquinaria sustraída, sino de una reacción en cadena que encarece la vivienda. Cuando una obra se detiene por un robo, los plazos se disparan. El informe destaca que la mayoría de estos incidentes provocan retrasos de entre una y cuatro semanas, alterando presupuestos y calendarios de entrega. Además de la ya problemática de la falta de albañiles en España.
El impacto en la vivienda y las renovables
El problema trasciende a los edificios residenciales. Las infraestructuras críticas, especialmente las plantas de energías renovables, son el objetivo principal. El 77% de estos proyectos ha sufrido incidentes, lo que pone en riesgo la transición energética del país debido a los sobrecostes en seguridad y reparaciones.Los expertos del sector coinciden en varios puntos clave que explican esta crisis:
1. Encarecimiento de seguros: la alta siniestralidad eleva las primas que deben pagar las promotoras.
2. Carencia de materiales: el robo de componentes específicos obliga a nuevas compras con precios de mercado al alza.
3. Seguridad privada: la inversión necesaria en vigilancia ha pasado de ser opcional a un coste fijo estructural.
Ignacio González, responsable de BauWatch en España, advierte que el 58% de las empresas nacionales ha detectado un aumento de los delitos en sus instalaciones. Esta inseguridad no es solo un problema policial, es, a ojos del sector, un “lastre económico” que reduce la competitividad de una industria clave para el PIB de las regiones. Sin una respuesta tecnológica y coordinada, el coste de la inseguridad seguirá trasladándose, inevitablemente, al precio final de los inmuebles.
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