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Molins recuerda a las empresas que incumplir la obligación de medir el radón puede conllevar multas de más de 800.000 euros

El 31 de mayo termina el plazo para realizar las mediciones obligatorias en centros de trabajo situados en planta baja o bajo rasante en más de 1.700 municipios prioritarios

  • Molins recuerda a las empresas que incumplir la obligación de medir el radón puede conllevar multas de más de 800.000 euros
    El 31 de mayo termina el plazo para realizar las mediciones obligatorias en centros de trabajo situados en planta baja o bajo rasante en más de 1.700 municipios prioritarios
Hace 7 horas

MADRID. Las empresas que no cumplan con la obligación de medir el gas radón en determinados centros de trabajo se exponen a sanciones que, en los supuestos más graves, pueden llegar hasta los 819.780 euros en el marco de la normativa de prevención de riesgos laborales y protección radiológica. En este contexto, Molins subraya que el próximo 31 de mayo marca el final de la campaña obligatoria de medición, pero no el final de la obligación, ya que a partir de esa fecha comienza la fase decisiva, la de interpretar los resultados y actuar si los niveles detectados superan el umbral de referencia.

La obligación afecta a centros de trabajo ubicados en planta baja o bajo rasante dentro de los más de 1.700 municipios de actuación prioritaria definidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En estos espacios, las empresas han debido realizar mediciones durante al menos tres meses dentro del periodo de mayor concentración de radón, comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Se trata de una exigencia que afecta a muchos espacios de uso cotidiano y presencia habitual de trabajadores como oficinas, comercios, gimnasios, laboratorios, balnearios, aparcamientos subterráneos, talleres o locales de atención al público. Quedan fuera las zonas de paso o de uso esporádico, pero en todos los demás casos la medición no puede abordarse como un simple trámite administrativo, sino como el primer paso para saber si existe un riesgo real en el interior del edificio.

Molins insiste en que el radón no se ve, no huele y no avisa, pero puede acumularse en interiores y alcanzar concentraciones elevadas, especialmente en espacios en contacto con el terreno. Por eso, el cierre del plazo de medición y presentación de resultados abre ahora una etapa igual de importante que es la de revisar los datos obtenidos, conservar la documentación y decidir si es necesario intervenir.

El CSN establece un nivel de referencia de 300 Bq/m³ como promedio anual. Cuando se supera, la empresa debe reducir la concentración o la exposición siempre que sea razonablemente posible y, si no basta con eso, adoptar medidas de protección radiológica adicionales. Entre las soluciones más habituales figuran las barreras frente a la entrada del gas (primera opción más aconsejada por el CTE), los sistemas de despresurización del terreno o la combinación de varias soluciones. En casos leves se puede contemplar la mejora de la ventilación y el sellado de puntos de infiltración.

Para que los resultados sean válidos, además, la normativa exige que la campaña de medición se haya planificado correctamente, priorizando las zonas con mayor ocupación, y que los detectores hayan sido analizados por laboratorios acreditados. No basta, por tanto, con haber colocado dispositivos, la empresa debe poder demostrar que la evaluación se ha realizado con criterios técnicos y conforme a los requisitos establecidos.

Molins subraya que el control del radón debe entenderse como una estrategia continuada y no como una actuación aislada. Una vez implantadas medidas correctoras, deben hacerse nuevas mediciones para comprobar su eficacia. Y, aunque los valores se mantengan por debajo del nivel de referencia, el seguimiento debe repetirse periódicamente y cada vez que una obra o modificación del edificio pueda alterar la ventilación o favorecer la acumulación del gas.

Según David Rodríguez, Product Manager de Construction Solutions de Molins, recuerda que “el verdadero riesgo para muchas empresas no está solo en llegar tarde al plazo, sino en pensar que todo termina con la medición. El próximo 31 de mayo no cierra el problema, sino que abre el momento en el que toca comprobar si el edificio es seguro y, si no lo es, corregirlo de forma eficiente según los criterios del CTE”.

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