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Los arquitectos instan a usar la ayuda europea para rehabilitación
Los arquitectos de Castellón instan al Ayuntamiento de Castellón a cumplir con los informes de evaluación de edificios (IEE) en inmuebles de más de 30 años, por un lado porque la ley “así lo dispone” y, por otro, porque existe el peligro de llegar tarde a las ayudas de la Unión Europea habilitadas al efecto, que pueden llegar a cubrir hasta el 50% del coste de estas revisiones.
Así se lo recordó ayer el presidente del Colegio de Arquitectos de Castellón, Jaime Prior, al concejal del área, Rafael Simó, en el marco de las Jornadas de Accesibilidad organizadas ayer por el Ayuntamiento de Castellón junto a los colegios de arquitectos, de administradores de fincas y de agentes de la propiedad inmobiliaria en el edificio Quatre Camins. Esta exigencia de puesta en marcha del IEE, acompañada de otras medidas, fue recordada en un escrito remitido por el Colegio de Arquitectos a todos los municipios de la provincia al inicio de la presente legislatura.
Prior denunció el “silencio consciente” que impera en la exigencia de este mecanismo previo para acometer la rehabilitación de edificios, puesto que a pesar de que hace varios años que el IEE es obligatorio, “solo un Ayuntamiento de la provincia, el de Vinaròs, lo aplica”. Es por ello que desde el colectivo se insta a activar el tema porque si no “perderemos el carro de las ayudas”.
“Es posible que los fondos de la UE destinados a la rehabilitación se agoten porque otras comunidades autónomas se nos adelanten. Serán fondos limitados y cuando se agoten, no habrá más”, manifestó Prior, “al ser un mecanismo de protección de la seguridad de las personas y las cosas”.
Estas provisiones europeas, además, podrían servir para poner en marcha proyectos de “rehabilitación urbana, “por ejemplo, para renovar barrios deprimidos de la ciudad”. Es por ello que durante la reunión, desde estos colectivos se animó a Simó a que el equipo de gobierno local se erija como coordinador de estas revisiones.
En cuanto al número concreto de edificios que, por ley, deben pasar revisiones, Prior señala que no hay una cifra exacta, pero son “muchísimos” los inmuebles de más de 30 años de antigüedad existentes en la ciudad y en la provincia.