El Gobierno anuncia 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones más en créditos ICO
El plan de choque durará hasta el 30 de junio
Pedro Sánchez ha anunciado este lunes el plan de choque de respuesta a la guerra de Ucrania, que en conjunto supondrá una inyección de 6.000 millones de euros en ayudas directas y rebajas fiscales y otros 10.000 millones más en créditos ICO.
Un plan de 16.000 millones que es, en palabras de Pedro Sánchez, «serio y ambicioso», y también «complejo», y que busca contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, dada la situación de emergencia.
El presidente del Gobierno se reservó para este lunes, en una conferencia en El Beatriz Auditórium, en Madrid, el anuncio de las medidas más relevantes que contendrá el real decreto ley que aprobará este martes el Consejo de Ministros y que se estuvo discutiendo y elaborando durante el fin de semana, bajo la tutela de las tres vicepresidentas y del titular de la Presidencia, Félix Bolaños. De hecho, el acuerdo interno, entre el PSOE y Unidas Podemos, se cerró poco antes del acto en la capital, en la mañana de este lunes. Para Sánchez, era clave el rumbo de la negociación del Consejo Europeo del pasado jueves y viernes, del que salió con el permiso para bajar, junto a Portugal, los precios de la energía. Y ahora persigue un pacto de Estado, un acuerdo amplio con los grupos. Según la Moncloa, en las últimas horas se ha hablado con todos ellos, incluido el PP, más allá de la ronda que las vicepresidentas y Bolaños desplegaron en estas dos semanas.
La rebaja de 20 céntimos el litro forma parte, por tanto, de un paquete anticrisis que se vertebra en cinco ejes: medidas para ayudar a familias, trabajadores, personas desplazadas y ayuda humanitaria; iniciativas para apoyar el tejido económico y empresarial; medidas en transportes (las consensuadas con el sector), en ciberseguridad y en materia de energía.
En el primer bloque encaja la iniciativa, por tanto, más vistosa del plan, la de mayor incidencia, porque la subida de los combustibles, alegó el presidente, afecta a todas las familias. En el primer eje se encuentran, asimismo, las medidas de protección del empleo, para evitar el despido, por lo que las empresas podrán acudir a la flexibilidad interna, como los ertes que «tan bien funcionaron» durante la pandemia. Asimismo, las revisiones de los alquileres en los próximos tres meses tendrán un límite del 2% —una cuestión capital para Unidas Podemos—, la cuantía del ingreso mínimo vital aumentará un 15% y se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a los 1,9 millones de hogares, para ayudar a las familias más desfavorecidas.
Tal y como ya estaba anunciado, se prorrogarán hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos en la factura de la luz que ya estaban en vigor: la reducción del IVA al 10% para pequeños consumidores, la bajada del impuesto a la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica.
Para apoyar a las empresas, el Gobierno aprobará una nueva línea de avales de créditos ICo por 10.000 millones para cubrir «necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles». Se extenderá igualmente el plazo de vencimiento de los préstamos avalados por el ICO y el plazo de carencia para los sectores más afectados. Para el sector de la agricultura y la ganadería, se lanzará un paquete de ayudas de 362 millones, y otro de 68 millones para el pesquero. A la industria electrointensiva, gran consumidora de energía, se destinarán 500 millones para compensar los peajes en un 80% y para alcanzar el máximo en la compensación del CO2 y reforzar las ayudas directas al sector. Habrá otras iniciativas adicionales y específicas para la industria, el sector exportador y la cultura.
En cuanto al transporte, el real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros este martes recogerá las medidas acordadas con los representantes mayoritarios: la inyección de más de mil millones euros, la rebaja mínima de 20 céntimos por litro o kilo de combustible, un nuevo fondo de 450 millones para ayudas directas a las empresas de transportes de mercancías y de pasajeros en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 por autobús, 500 por furgoneta, y 300 por taxi, VTC o ambulancia), acortamiento del plazo de devolución del impuesto de hidrocarburos de tres a un mes, y el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un «precio justo», como el Gobierno ha hecho ya con agricultores y ganaderos con la ley de cadena alimentaria.
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