Expertos de la UE dan la razón a la cerámica y piden a Bruselas frenar el recorte de derechos de emisión de CO₂
Un informe técnico plantea que las baldosas cerámicas podrían recibir un 12% más de derechos gratuitos, frente al recorte del 34% previsto inicialmente.
- Imagen de archivo de un operario en una azulejera de Castellón.
CASTELLÓ. La supresión progresiva de los derechos gratuitos de emisión de CO₂ es uno de los principales caballos de batalla del sector cerámico de Castellón, ya que la propuesta preliminar de la Unión Europea para el periodo 2026-2030 plantea una disminución del 34%. Sin embargo, desde la misma institución llega ahora un balón de oxígeno para el azulejo en forma de uestudio de un grupo de expertos, que no solo no pide un recorte en los derechos gratuitos de emisión, sino un incremento del 12%.
La petición llega desde el Grupo de Expertos sobre Cambio Climático de la Unión Europea —CCEG—, que ha puesto sobre la mesa un escenario muy distinto al planteado inicialmente por la Comisión. Está por ver, sin embargo, el recorrido político y administrativo de la propuesta. Lo que es seguro es que el sector se juega mucho, ya que el recorte para la industria «supondría un coste anual por CO₂ de entre 109 y 163 millones de euros», exponen desde Ascer, en el supuesto de que el precio de la tonelada sea de entre 100 y 150 euros.
Cambio de metodología
Cerame-Unie, la asociación que agrupa al sector en la UE, ha reclamado a Bruselas que no aplique nuevas reducciones en los valores de referencia del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión —ETS, por sus siglas en inglés— para el periodo 2026-2030 hasta que se defina una metodología de cálculo “mejorada y realista”.
Hay que recordar que a las alegaciones de Ascer a la propuesta de la UE se han sumado muchas más desde otros puntos de Europa, hasta reunir más de 400 de distintos sectores.
La revisión de los benchmarks, publicada para consulta el pasado 11 de mayo, plantea una reducción del 50% en el valor de referencia alternativo para combustibles respecto a los niveles de 2013-2020. Este parámetro es el que determina la asignación de derechos gratuitos para la mayoría de fabricantes cerámicos, aunque algunos productos —como ladrillos caravista, adoquines, tejas o polvo atomizado— cuentan con referencias específicas.
Cerame-Unie sostiene que esa actualización no refleja la realidad tecnológica ni económica de la descarbonización en la cerámica. La asociación advierte de que, de aprobarse en los términos actuales, la medida provocaría un aumento injustificado de los costes del carbono superior a 500 millones de euros en 2026 respecto a 2025. Para el conjunto del periodo 2026-2030, el sobrecoste adicional se elevaría a 2.500 millones de euros.
El debate es especialmente relevante para el clúster azulejero español y, en particular, para Castellón, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional. Las patronales y empresas del sector han defendido en los últimos meses la necesidad de un benchmark propio que tenga en cuenta la realidad de la fabricación cerámica y evite que los costes regulatorios agraven la pérdida de competitividad frente a terceros países.
La propia Comisión Europea reconoce en su propuesta la necesidad de revisar la metodología de cálculo de los benchmarks alternativos mediante el desarrollo de referencias sectoriales. Cerame-Unie valora ese reconocimiento, pero reclama que no se espere a futuras revisiones para corregir los efectos de la propuesta actual. La patronal europea pide que la Comisión pueda modificar los valores y el método de cálculo mediante un procedimiento acelerado, y que cualquier mejora se aplique con carácter retroactivo a todo el periodo 2026-2030.
Cerame-Unie reclama, en definitiva, que Bruselas congele cualquier nueva reducción hasta contar con una metodología que refleje la realidad industrial de la cerámica. El sector considera que solo así podrá avanzar en la descarbonización sin acelerar la pérdida de competitividad ni trasladar producción fuera de Europa.
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