«La cogeneración ha sido durante décadas un pilar esencial para la competitividad de las industrias calorintensivas en España. Sectores como el alimentario, papelero, cerámico, químico o de refino —más de 500 industrias que generan el 20 % del PIB industrial— dependen de esta tecnología.
A nivel global, la cogeneración produce cerca del 15 % de la electricidad mundial; en la Unión Europea supone el 12 %, en Estados Unidos el 8 % y en Asia el 16 %. Países industriales de referencia como Alemania y Italia generan el 20 % y el 23 % de su electricidad, respectivamente, con esta tecnología.
Las ventajas que aporta la cogeneración son únicas: incrementa la competitividad industrial, reduce emisiones y consumo energético, alivia las redes eléctricas y mejora la seguridad de suministro. Es un 30 % más eficiente que los ciclos combinados y, al ser generación distribuida, firme y síncrona, añade estabilidad y calidad a los suministros eléctricos, críticos para la industria y para el país.
Desde 2019, la producción eléctrica de cogeneración en España ha pasado del 12 % al 6 % del mix nacional en 2024, con una nueva caída prevista del 7 % en 2025, esto es, un desplome acumulado del 50 % de su producción. Un retroceso con unas consecuencias medibles: aumento del 4 % en la demanda de gas natural, 3 millones de toneladas adicionales de CO₂ emitidas cada año y una pérdida de 1.500 millones de euros anuales en facturación energética industrial.
Si en 2019 operaban unas 600 plantas con 4.500 MW de potencia, en 2025 quedan solo 358 con 3.126 MW; unas 150 han cerrado y otras 83 lo harán en los próximos dos años si no se actúa ya.
Las cogeneraciones operan en España en un régimen 100 % regulado por periodos de 15 años. Pese a que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico establecía que “se desarrollarán programas de renovación de instalaciones de cogeneración y residuos”, no se ha aprobado ninguno en más de una década.
Así, las plantas han ido cumpliendo su vida regulatoria y parando su actividad sin un marco que les permitiese continuar. Es cierto que el escenario energético ha sido difícil y excepcional, por ello las industrias hemos venido reclamando y proponiendo soluciones: ampliar unos años la vida de las plantas que agotaban su periodo regulatorio —las múltiples iniciativas legislativas promovidas por el Partido Popular, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts y Partido Nacionalista Vasco para alargar la vida están bloqueadas en el Parlamento por el Gobierno—, y promulgar un nuevo ciclo de vida mediante subastas que permita renovar las plantas, tal y como prevé la Ley.
En 2021 la actual vicepresidenta y ministra Sara Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, anunció las subastas para 1.200 MW de cogeneración en 2022, 2023 y 2024. Ninguna se ha convocado. En febrero de este año se reactivó el proceso, con nuevas subastas previstas para 2025, 2026 y 2027, y tras un intenso trabajo, el marco regulatorio está completado, pendiente de promulgación por el MITERD.
Podríamos pensar que estamos al final de un largo túnel en el que cientos de industrias se han quedado atrás esperando reanudar su luz —algunas no podrán pues han cerrado—, pero la verdad es que, a día de hoy, las industrias siguen sin conocer ni el calendario de convocatoria ni los parámetros esenciales para diseñar sus nuevas plantas. Esta incertidumbre frena la inversión y erosiona su competitividad. Confiamos en que la promulgación vea la luz pronto, muy pronto.
En junio, Acogen y Cogen España presentaron al Ministerio los resultados de una encuesta a las empresas que representan el 90 % del parque actual en operación. Los resultados son alentadores: 60 grupos industriales dispuestos a invertir 1.300 M€ en 82 nuevas plantas (1.224 MW), incluyendo 200 MW de cogeneración con biomasa y equipos preparados para usar hidrógeno. Las industrias calorintensivas siguen señalando a la cogeneración como su mejor tecnología disponible para afrontar la transición energética. Es una oportunidad país para recuperar competitividad, reforzar la seguridad de suministro y movilizar mayores recursos biomásicos promoviendo una gestión sostenible del mapa forestal de España.
Las industrias reclaman que no se endurezca el marco regulatorio respecto al vigente. Tras perder un 50% de la producción es más que razonable y conveniente. En particular, piden que no se añada la imposición de autoconsumo obligatorio ni requisitos de eficiencia un 20 % superiores a los europeos y que no se aplique una metodología de medida discriminatoria en España reemplazando la metodología de medida establecida en la Directiva de Eficiencia Energética, aplicada en todos los países de la Unión Europea.
El 60 % de las empresas ha advertido que, si se les obliga a todo autoconsumo eléctrico y sólo vender los excedentes, no participarán en las subastas. Esta medida distorsionaría el diseño y operación de las plantas, dificultaría su operación flexible y entraría en conflicto con contratos PPAs, instalaciones fotovoltaicas propias y el Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Además, impediría a las empresas acudir en igualdad de condiciones a las subastas según su grado de autoconsumo, algo notoriamente injusto.
¿Se imaginan que se obligase a nucleares, a ciclos combinados o a eólicas a vender su electricidad a un consumidor concreto? La CNMC ya se ha pronunciado en contra de imponer el autoconsumo obligatorio a los cogeneradores en dos ocasiones.
Así las cosas, las industrias cogeneradoras siguen perdiendo competitividad en un contexto de incertidumbre que mina su posición para atraer inversiones y mantener empleo en España. Las grandes perjudicadas han sido las pymes industriales (el 60% del sector). En concreto, el 58% de las plantas pequeñas de 0 a 5 MW han parado.
La decisión del Gobierno será determinante: o se promulga un marco que reactive la inversión, la competitividad y el empleo, o se asestará un duro golpe, que puede resultar definitivo, a las 359 plantas que aún sobreviven y a las más de 100 que esperan concurrir a las subastas.
El sector mira con esperanza al XXI Congreso Anual de Cogeneración, que se celebrará el 14 de octubre de 2025, como una excelente ocasión para que el Gobierno anuncie el calendario y las condiciones de las subastas. Es hora de que el Gobierno actúe con decisión y visión industrial: sin industria no hay transición energética.