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El azulejo y la Generalitat no tiran la toalla para frenar la tasa

31.10.2012 09:24

El tiempo se agota y, con él, las opciones de evitar la aprobación del tasazo del gas para la industria cerámica, es decir, cada vez son menos las probabilidades de que los empresarios azulejeros y de fritas y esmaltes cerámicos puedan evitar el pago de 35 millones de euros anuales. Por eso, las dos patronales Ascer y Anffecc se reunieron ayer con el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, acordando redoblar y endurecer todos los esfuerzos con el fin de hacer “entender” a las más altas instancias del Gobierno central que sería un error aprobar la medida.

Fue en el transcurso de una reunión celebrada en el Palau de la Generalitat y que, según ha podido saber Mediterráneo fue “cordial”, aparcando las diferencias que en los últimos meses ha habido entre empresarios y Alberto Fabra, ya que los primeros consideraban que no se había hecho lo suficiente para hacer valer los intereses de una industria básica para el futuro de la Comunitat Valenciana y especialmente para la provincia de Castellón.

Durante la casi hora y media que duró la reunión, Ascer y Anffecc entregaron un documento en el que se pone de manifiesto que la factura de 35 millones de euros para la industria cerámica extinguirá cualquier tipo de beneficio para las empresas, dado que estas no pueden trasladar a los consumidores finales los nuevos costes. Esto significaría la destrucción de “hasta el 50%” de las actuales plantillas y el cierre de plantas, lo que a su vez generaría un sobrecoste en las arcas públicas de 539 millones de euros en concepto de pérdida del impuesto de actividad, la menor recaudación del IVA o pago de subsidios, entre otros aspectos.

El presidente Alberto Fabra trasladó a los empresarios su compromiso de que hará llegar este mensaje a las altas instancias del Ministerio y del Gobierno de Rajoy. Por eso, se espera que haya la próxima semana una reunión con el secretario de Estado de Industria o el mismísimo ministro José Manuel Soria, sin descartar a otros protagonistas del Ejecutivo, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, o el responsable de la Oficina Económica de la Moncloa.

PLAZOS MUY AJUSTADOS // En realidad, la postura de Ascer, Anffecc y el jefe del Consell no es nueva ni difiere de todo lo que se ha realizado hasta la fecha, sin que se haya conseguido que el Ejecutivo dé su brazo a torcer. De hecho, la semana pasada terminó el plazo para presentar enmiendas a la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, sin que el PP en el Congreso alegara, contradiciendo la exigencia del PPCV de Alberto Fabra --sí lo hizo el PSOE y Compromís--.