Opinión | La supervisión de proyectos BIM en administraciones públicas
Tribuna de Pablo Gilabert, arquitecto y director de Innovación de CYPE
El uso del Building Information Modeling (BIM) ha experimentado un notable crecimiento en España, especialmente en la última década. A pesar de ser una tecnología nacida a finales del siglo pasado, su adopción por parte de la Administración Pública se aceleró con la promulgación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), que permitió la inclusión de requisitos BIM en las licitaciones públicas.
Según el Observatorio de Licitaciones Públicas BIM del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en 2023 se alcanzaron los 3.697 millones de euros y un total de 1.005 licitaciones publicadas frente a los 2.959 millones y 609 licitaciones públicas BIM de 2022. Estos datos suponen un aumento del 27,95% y del 65,02%, respectivamente.
Este crecimiento presenta retos para las administraciones al licitar proyectos con requisitos BIM. Para abordarlos, el Gobierno de España ha aprobado el Plan BIM en la Contratación Pública, estableciendo una integración gradual de la metodología BIM en diversos contratos. ¿Cuáles son los datos de partida necesarios que las administraciones deben solicitar? ¿Qué información debe incluir el adjudicatario? ¿Qué formatos tienen que presentarse?
Requisitos BIM “mínimos” en licitaciones públicas
En el proceso de licitación, es esencial definir los «Requisitos de Información» y el «Plan de Ejecución BIM» según la norma ISO 19650. Esto incluye:
Definir bien estos requisitos determinará la calidad final del proceso constructivo en las licitaciones públicas que exijan el empleo de BIM. Si bien es cierto que esta definición debe depender de las necesidades de cada administración, el histórico de licitaciones muestra una serie de exigencias comunes.
Entre ellas destacan la visualización 3D mediante el formato abierto «IFC» o glTF, muy utilizado en el sector de los videojuegos; la coordinación entre diferentes disciplinas para visualizar de antemano las inconsistencias del proyecto en apartados como las mediciones, las estructuras o los presupuestos; la trazabilidad del avance del proyecto (para saber “quién ha hecho qué”); el control presupuestario para evitar desfases presupuestarios; y la gestión eficiente del proyecto una vez terminado, son elementos cruciales.
Asegurar la “perdurabilidad”
La forma en que se entrega la información del proyecto es crucial. Debido a la complejidad de los proyectos, es muy difícil resolverlos con una única herramienta. Es necesario utilizar varios softwares de especialista que compartan datos. Y para eso es fundamental trabajar con formatos abiertos.
“Los organismos públicos deben tener en cuenta el concepto de la ‘Perdurabilidad’ a la hora de realizar los pliegos de condiciones y exigir el uso de formatos abiertos en lugar de formatos propietario”
Por ello, las administraciones públicas deben solicitar el uso de formatos abiertos en los pliegos de condiciones para asegurar la “Perdurabilidad” y garantizar que las autoridades públicas podrán acceder a la información sin depender de un software específico en cualquier momento.
Trabajar con modelos digitales ofrece múltiples beneficios. BIM aporta eficiencia, precisión y transparencia a los proyectos, pero también plantea desafíos. Uno de ellos es el de contar con personal capacitado en el manejo de estos nuevos flujos de trabajo y tecnologías para interpretar y supervisar correctamente la información disponible en los modelos BIM.
Al mismo tiempo, las administraciones deben entender qué información solicitan y su porqué. Si un proyecto de edificación está compuesto por 12 modelos BIM (como pueden ser los de estructuras, instalaciones, mediciones...) nos encontramos con que las autoridades tendrían acceso a millones de parámetros por proyecto.
Con los datos disponibles, podrían solicitar todo tipo de información, pero la magnitud de existente es tal en un proyecto BIM que haría inviable supervisar toda la información generada. No hay una fórmula mágica y común para todas las administraciones, por ello es necesario que concreten.
Los ayuntamientos, por ejemplo, pueden exigir la entrega en formato BIM de la documentación relativa al cumplimiento de las normativas y regulaciones aplicables para que sus técnicos la supervisen de una forma más rápida a través de herramientas digitales. Otros entregables BIM podrían ser de urbanismo, accesibilidad o incendio, modelos térmicos...
La decisión de elegir unos u otros entregables dependerá, como hemos dicho, de los técnicos de la Administración Pública y de su capacidad para poder revisar correctamente toda la información BIM.
La supervisión de modelos BIM, tanto desde el ámbito público como desde la empresa privada, es ya una práctica muy extendida. Y es algo que irá a más en los próximos años. Para facilitar este trabajo, los técnicos de las Administraciones públicas deben contar con una metodología de trabajo y de supervisión BIM adecuada y consensuada. Y, desde el punto de vista tecnológico, tener la seguridad de que podrán acceder a la información del proyecto solicitada en la licitación en cualquier momento y sin depender de un formato de propietario.
![{name=Headline, data=Marzo/Abril 2024 Nº 272, type=text, options=[], Milenium={name=Milenium, data=idcon=62714497;order=1.0, type=text, options=[]}, iterContentTypeIn=TeaserHeadline, iterContentTypeOut=Headline}](http://www.elperiodicodelazulejo.es/binrepository/186x250/6c0/174d250/none/10926/WMEG/clipboard-1_62714723_20240405114333.jpg "Marzo/Abril 2024 Nº 272")