La cerámica de Castellón se alía con Italia para que Bruselas aplique «soluciones urgentes»
Las patronales y representantes políticos de los dos países exponen sus peticiones en Bruselas
- Representantes empresariales y políticos de la Comunitat Valenciana e Italia, durante la presentación del manifiesto en Bruselas.
CASTELLÓ. La industria cerámica europea vuelve a estar en la encrucijada, y no solo por los efectos de la guerra en Oriente Medio en los costes energéticos. La propuesta de la Comisión Europea de aumentar los costes por las emisiones de carbono pone en jaque a las empresas del sector, tanto las de Castellón como las de la región italiana de Emilia-Romagna. Para pedir un cambio de rumbo de los dirigentes comunitarios, dirigentes de las patronales de ambas zonas productoras y de sus respectivos gobiernos regionales han acudido a Bruselas.
Una jornada dedicada al futuro de la cerámica europea incluyó la firma de un manifiesto conjunto por parte de la consellera de Industria de la Generalitat valenciana, Marián Cano; el vicepresidente de Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, y el embajador de la representación permanente de Italia ante la Unión Europea, Marco Canaparo.
Manifiesto conjunto en Bruselas
En la rueda de prensa que abrió la jornada, Marián Cano reclamó «la supresión temporal del régimen de comercio de derechos de emisión, como ajuste necesario para garantizar que la transición energética pueda continuar sin destruir el tejido industrial que pretende transformar». Con ello se busca «garantizar la estabilidad financiera de las empresas y salvaguardar su capacidad de inversión». Una idea similar a la manifestada por los representantes políticos procedentes de Italia.
El secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, recordó que Castellón «concentra el 40% de la producción cerámica de Europa, y estamos al límite, porque solo una disrupción tecnológica nos permitiría cumplir los objetivos». Esto significa que el sector no puede cambiar de manera inmediata sus sistemas de producción manteniendo la sostenibilidad económica, porque en estos momentos no hay tecnología lo bastante desarrollada para esta descarbonización. «Sin una alternativa, los costes de carbono no son un incentivo, sino que se convierten en un impuesto y desincentivan», añadió.
En el caso de la cerámica de Castellón, «la actualización nos supondrá entre 110 y 160 millones de euros anuales de sobrecoste», dijo Echavarría. Esto supondría del 40% al 60% de los beneficios totales del sector, lo que afectaría a la supervivencia. Ante el sistema planteado desde Bruselas, el secretario general de Ascer mencionó la necesidad de «ser honestos, porque el reloj sigue tocando, no podemos detener los plazos y necesitamos una medida inmediata: no puede ser desde 2030, sino para el periodo 2026-2030».
Por la parte española también intervino la eurodiputada Susana Solís, que recordó que la cerámica «atraviesa un momento crítico, no solo por los costes energéticos y la feroz competencia internacional», ya que el recorte del 33% de asignaciones gratuitas de CO2 es «un objetivo irrealista que no tiene en cuenta al sector». Por eso reclama congelar la propuesta de asignaciones «hasta que las tecnologías alternativas estén disponibles y accesibles».
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