CASTELLÓ. La escalada de los combustibles, con el diésel rozando los dos euros en más de la mitad de las estaciones de servicio de Castellón, amenaza con amargar el regreso de las vacaciones a las familias y también está golpeando al transporte de mercancías por carretera. «La situación es complicada y algunas empresas podrían incluso desaparecer», advierte Lara San Miguel, secretaria general de la Asociación Castellonense de Empresarios del Transporte de Mercancías por Carretera (Actm).
A buena parte de las 2.700 empresas de transporte de la provincia empiezan a no cuadrarles los números. El combustible representa entre un 30% y un 40% de los costes fijos y ese porcentaje les obliga a realizar pagos inmediatos por servicios que cobrarán, en el mejor de los casos, dentro de 30 o incluso 60 días. «El diésel acumula un incremento del 21% y la gasolina del 18%, por lo que llenar el depósito de un camión puede costar entre 300 y 400 euros más por repostaje. Una barbaridad», añade San Miguel. Un sobrecoste que multiplica la presión sobre unas empresas, la mayoría de pequeño y mediano tamaño, que dependen a diario del gasóleo para mantener rutas, cumplir entregas y sostener la actividad de sectores clave de la economía provincial, desde la cerámica hasta la distribución, la alimentación o la industria auxiliar.
Los transportistas insisten en que el sector se enfrenta a una difícil situación. «No queda otra que repercutir esta subida en la factura del transporte mediante la indexación», añade la secretaria general de Actm. La indexación es un mecanismo legal que permite al transportista ajustar las tarifas del servicio según suba o baje el precio del carburante, lo que en teoría permite al sector blindarse frente a subidas imprevistas del gasóleo. «El problema es que no todas las empresas consiguen aplicar esta fórmula y, de no hacerlo, puede traer consecuencias graves como la desaparición de algunas compañías», subraya.
Aunque en algunas provincias del país el sector del transporte plantea parar los camiones en protesta por un diésel que sigue sin freno en Castellón, al menos a corto plazo, no se contemplan medidas de presión. «De momento en la provincia no hay convocados paros, aunque tampoco los descartamos si más adelante todo sigue igual», avisa San Miguel. Por ahora, la patronal de los transportistas apuesta por la vía del diálogo y la negociación con las administraciones, pero advierte de que el escenario actual deja un año «muy complicado» para que al sector del transporte le cuadren las cuentas.
La subida del diésel llega, además, en un momento especialmente sensible para la economía provincial. Castellón depende en gran medida del transporte por carretera para mover mercancías industriales, productos cerámicos, materias primas y bienes de consumo. Cualquier encarecimiento sostenido no solo afecta a las empresas transportistas, sino que puede trasladarse al conjunto de la cadena logística y acabar repercutiendo en otros sectores.
Además del transporte de mercancías por carretera, el alza de los combustibles asfixia, y no poco, al campo. Los costes que soportan los agricultores y ganaderos se han disparado y solo los carburantes acumulan un alza superior al 12% desde que arrancó el verano. «El litro del gasóleo B supera ya los 1,5 euros. Una barbaridad. Llenar el depósito del tractor es un suplicio y los números no dan», denuncian en el sector.
El gasóleo no es lo único que está por las nubes. La Unió Llauradora calcula que desde el 2020 los carburantes acumulan un encarecimiento del 90%, mientras que el coste de los fertilizantes ha aumentado un 82% y el de la energía un 48%. También han subido con fuerza los productos fitosanitarios, un 29%, y los gastos generales de las explotaciones, un 28%.