CASTELLÓ. La movilización encabezada por la industria cerámica europea durante seis meses no ha dado resultado, y la Comisión Europea mantiene su propuesta de recortes de un 34% a las emisiones gratuitas de CO2 para este sector. Esto supone unos costes anuales de entre 109 y 163 millones de euros para el conjunto de las fábricas de Castellón. Pese a este varapalo de Bruselas, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se muestra optimista y espera un próximo cambio de posicionamiento de los dirigentes comunitarios.
En un acto organizado por El Periódico en Barcelona, el dirigente autonómico dijo: «Creo que en breve entenderán que hay que flexibilizar esos objetivos de descarbonización». Expuso que las peticiones de los ceramistas españoles e italianos «son comprensibles», porque para llegar al objetivo de suprimir las emisiones contaminantes «necesitamos más tiempo, y ahí debe imperar el sentido común», mientras que las administraciones «tenemos que seguir ayudándoles».
En la contestación a la pregunta formulada por el director de Mediterráneo, Ángel Báez, Pérez Llorca expuso respecto a las exigencias medioambientales europeas que «estamos cansados de ver cómo hay flexibilizaciones constantes, que las creo positivas», en materias como la implantación del vehículo eléctrico, en la que se ha alargado el plazo para la desaparición de los motores de combustión, y recordó «a la comisaria de Medio Ambiente, que aquí abogaba por cerrar las centrales nucleares y ahora ha hecho un plan muy ambicioso de apuesta por nuevas centrales en Europa».
El president mencionó que en la cerámica «se ha dado una tormenta perfecta, con tres factores determinantes que han causado preocupación en el sector». Uno de ellos, el conflicto bélico en Oriente Medio, lo que ha supuesto la subida de los costes del gas. También comentó «esa especie de acuerdo que está a punto de cerrarse entre la Unión Europea y la India, que es nuestro gran competidor con Italia, y que compite en desigualdad de condiciones con nosotros». A este respecto defendió que en Europa «tenemos unos criterios medioambientales que en la India no están y nuestro producto, que creo que es mejor, no es competitivo en precio en comparación a ellos».
En cuanto al tercer problema, el de las regulaciones de Bruselas en materia de sostenibilidad, «lo que hemos hecho es una especie de lobby pidiendo a la UE que flexibilice, y es algo que tiene que hacer», porque hay un acuerdo «de casi todas las formaciones políticas con representación en la Unión Europea», por lo que se debe «seguir presionando para que eso cambie».
Para aliviar estas tensiones, afirmó que desde el Gobierno valenciano «hemos abierto muchos canales de ayuda con ellos; hace poco cerramos acuerdo con sindicatos y patronal para establecer nuevos sistemas de financiación por parte de la Generalitat para ayudarles con la escalada de precios, y hay un contacto diario prácticamente con ellos para presionar, si se permite la expresión, para conseguir ese acuerdo con la Unión Europea».